La Unión Europea impone a Google una multa de 403 millones de euros por el uso de datos de geolocalización
La Comisión Irlandesa de Protección de Datos sancionó a la tecnológica por infringir el RGPD entre 2018 y 2020, señalando opacidad en el rastreo de ubicación de los usuarios con fines publicitarios.
El regulador de protección de datos de Irlanda (DPC), actuando en representación de la Unión Europea, impuso este lunes una multa de 403 millones de euros (aproximadamente 462 millones de dólares) a Google. La sanción responde a la vulneración del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) mediante el tratamiento no transparente de la información de geolocalización de sus usuarios.
Se trata de la cuarta sanción de mayor cuantía emitida hasta la fecha por el organismo supervisor irlandés, entidad competente a nivel comunitario para fiscalizar las operaciones de la tecnológica estadounidense debido a la ubicación de su sede central europea en Dublín.
Infracciones en el rastreo de ubicación y perfiles publicitarios
Las investigaciones administrativas determinaron que, entre mayo de 2018 y febrero de 2020, los mecanismos de configuración de cuenta de Google impidieron a los usuarios comprender con claridad cómo se procesaba su ubicación geográfica en segundo plano.
Graham Doyle, comisario adjunto de la DPC, detalló las implicaciones de estas deficiencias sobre la privacidad de las personas:
"Como consecuencia de los fallos de Google, las personas podrían no haber sido conscientes de que su ubicación se utilizaba, por ejemplo, para influir en ellas mediante anuncios o para inferir sus intereses."
El expediente destaca que la recopilación de coordenadas se utilizó para elaborar perfiles de consumo detallados y dirigir publicidad personalizada sin contar con el consentimiento informado exigido por la normativa europea.
Respuesta de Google y cambios en la plataforma
Tras hacerse pública la resolución, la multinacional estadounidense emitió un comunicado oficial en el que confirmó que evalúa la decisión, argumentando que los hechos investigados corresponden a configuraciones del pasado.
"El caso se centra en políticas históricas que desde entonces han sido actualizadas. Desde 2019, hemos evolucionado considerablemente nuestras prácticas y hemos puesto en marcha herramientas sólidas que facilitan la gestión de los datos de localización", señaló la compañía.
Google alude a la introducción de funciones como el borrado automático de datos de ubicación y controles de privacidad centralizados en las cuentas de usuario implementados a partir de 2019.
Pese a las actualizaciones técnicas señaladas por la empresa, el fallo fija un precedente sobre la exigencia de transparencia previa en la recopilación de datos de geolocalización en todo el territorio de la Unión Europea.