Foundation Future Industries prueba robots humanoides en Ucrania y abre el debate sobre su uso militar armado

La startup Foundation Future Industries, fundada en 2024 y con sede en San Francisco, se ha situado en el centro del debate sobre la automatización militar tras llevar a cabo las primeras pruebas de campo de sus robots humanoides Phantom MK-1 en Ucrania.

Aunque la compañía mantiene como línea de negocio principal el alquiler de unidades para la industria automovilística y la logística comercial, su dirección ejecutiva no descarta adaptar sus modelos para operaciones militares de combate directo.

La firma, que cuenta con una valoración estimada de más de 1.000 millones de dólares y el respaldo del inversor Eric Trump como asesor jefe de estrategia, ha asegurado contratos y programas públicos por valor de 24 millones de dólares con agencias de defensa de Estados Unidos.

De la logística industrial al terreno de conflicto

El dispositivo insignia de la compañía, denominado Phantom MK-1, es un robot de apariencia humana de dos metros de altura y capacidad para transportar cargas de hasta 40 kilos.

Durante 2025, unidades de la firma contribuyeron a la producción de más de 24.000 automóviles en el sector privado, con un coste de alquiler de 100.000 dólares anuales por modelo industrial.

Sin embargo, a principios de 2026, la empresa envió dos unidades Phantom a Ucrania para realizar tareas de recolección y transporte de suministros en zonas de alto riesgo. Las pruebas sobre el terreno revelaron limitaciones operativas en las primeras unidades, entre ellas:

• Autonomía limitada: Restricciones en la duración de la batería bajo trabajo continuo.
• Resistencia ambiental: Ausencia de protección contra el agua e intemperie.
• Capacidad de carga reducida: Rendimiento por debajo de las exigencias del entorno táctico.

Para resolver estas deficiencias, la empresa se encuentra desarrollando el Phantom MK-2, un modelo que duplicará la capacidad de carga e integrará procesadores de AMD tras un acuerdo comercial firmado en julio. Paralelamente, la planta de producción en San Francisco proyecta instalaciones con capacidad para ensamblar hasta 50.000 unidades anuales, fijando un precio unitario de 300.000 dólares por cada robot destinado a la defensa.

Debate sobre la letalidad y el uso de fuerza autónoma

Aunque las pruebas militares realizadas hasta la fecha con la Fuerza Aérea de Estados Unidos se han acotado a la gestión de materiales, el CEO de la firma, Sankaet Pathak, ha abordado la posibilidad de incorporar armamento si las autoridades militares lo solicitan.

En declaraciones sobre la autonomía en el campo de batalla, Pathak afirmó que si una unidad entra en un entorno hostil debe tener la capacidad de ser "letalt para no ser destruida de inmediato", confirmando además que la empresa evalúa internamente cuestiones cinéticas relacionadas con sistemas de armas.

Esta postura ha generado críticas de organizaciones internacionales como Human Rights Watch y llamamientos del Secretario General de la ONU, António Guterres, para prohibir el desarrollo de las denominadas armas autónomas o "robots asesinos", citando la falta de garantías legales y la imposibilidad de exigir responsabilidad ética a una inteligencia artificial.

Por su parte, Pathak considera que estos temores son infundados y sostiene que el despliegue de robótica avanzada en combate reducirá las víctimas civiles, evitando al mismo tiempo que Estados Unidos quede rezagado frente a los desarrollos militares de potencias como China o Rusia.

Desafíos técnicos y restricciones en la cadena de suministro

A pesar del interés comercial y político generado, expertos en robótica como Rodney Brooks, profesor emérito del MIT, señalan que la tecnología se encuentra todavía lejos de operar con fiabilidad en escenarios de combate impredecibles, estimando que se requerirá más de una década para lograr despliegues militares autónomos realmente funcionales.

A las dificultades técnicas se suma la dependencia de la cadena de suministro internacional. Las recientes restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos en julio de 2026 obligan a que los componentes nacionales de los robots superen el 65% del coste total (con meta del 75% para 2029) e imponen trabas a la importación de chasis y piezas chinas, un factor que podría ralentizar los planes de producción masiva planteados por Foundation Future Industries para finales de la década.