IA

La Corte Suprema de Nuevo México sanciona a un abogado por presentar un recurso con hechos y leyes inventados por ChatGPT

La Corte Suprema de Nuevo México suspendió de forma provisional y multó con 5.000 dólares al abogado Stephen D. Aarons tras usar ChatGPT para redactar un recurso de apelación.

Guardar
Compartir

    La Corte Suprema de Nuevo México ordenó la suspensión provisional del ejercicio profesional del abogado Stephen D. Aarons y le impuso una sanción económica de 5.000 dólares, luego de comprobarse que utilizó la plataforma ChatGPT para redactar un escrito judicial. El documento, presentado como un recurso de apelación para intentar revertir la condena a cadena perpetua de un cliente, contenía información íntegramente fabricada por la herramienta tecnológica.

    El caso reaviva el debate en el sector legal sobre la falta de verificación en el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa y los riesgos de la "alucinación" de datos en tribunales.

    Falsificación de precedentes y sanción disciplinaria

    El fallo judicial detalló severas irregularidades en el texto procesal entregado por el jurista:

    • Contenido inventado: La apelación redactada por el modelo de IA incluía antecedentes del caso, nombres de testigos inexistentes y citas de jurisprudencia falsas que jamás existieron en los registros legales de Estados Unidos.
    • Falta de revisión: Aarons admitió no haber verificado las referencias normativas generadas por el sistema antes de incorporar la firma y radicar el escrito oficial ante el tribunal.
    • Sanciones aplicadas: Además del pago de la multa de 5.000 dólares y la suspensión temporal de la licencia, el tribunal remitió el caso al comité de ética para determinar si procede una inhabilitación permanente.

    Este dictamen se suma a una serie de sanciones similares aplicadas por tribunales estadounidenses a profesionales que incurren en el uso irresponsable de modelos de lenguaje sin validación humana.

    Diversos distritos judiciales han comenzado a exigir declaraciones juradas donde los abogados certifiquen haber revisado manualmente la autenticidad de cada cita legal y testimonio incluido en sus alegatos.